El riesgo de vulneración a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario se ha incrementado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según lo estableció la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 028 del 2022, que muestra una compleja radiografía de lo que pasa en la isla, en particular para los menores de edad. 

La Alerta Temprana señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo,  la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en el Archipiélago.

Estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios. 

Con los impactos de la pandemia por el Covid 19 y el paso de Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de la violencia homicida en San Andrés, durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros 7 meses de 2022 se han registrado 11 homicidios. 

“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Estas condiciones han hecho que la niñez los adolescentes y jóvenes sean los más afectados y no solo sean utilizados para las labores de transporte de drogas, también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.

La comunidad también ha denunciado cada vez más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo y las condiciones de pobreza de las víctimas. Otra expresión de violencia que detectó la Alerta Temprana es el tráfico ilegal de migrantes que es manejado por organizaciones ilegales.

Los líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos también están en riesgo. El monitoreo detectó agresiones contra líderes que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública por corrupción. También se detectó que se afecta el trabajo comunitario por las amenazas de las bandas criminales. 

“La Defensoría del Pueblo hemos hecho 26 recomendaciones a distintas autoridades civiles y fuerza pública para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades en el departamento de San Andrés. Esperamos acciones inmediatas efectivas de las autoridades en favor de esta comunidad y en particular de los menores de edad”, aseguró Carlos Camargo.    

“Hago un llamado para que toda la institucionalidad ponga los ojos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que se brinde la atención y protección de las comunidades, especialmente a los menores de edad”, afirmó Carlos Camargo.

Dentro de las recomendaciones de la Alerta Temprana está diseñar una estrategia de fortalecimiento de la interlocución con la población raizal, capacitar a miembros de instituciones para que persigan los delitos relacionados con los fenómenos de trata de personas y tráfico de migrantes. 

A esto se suma la atención y reparación integral a las víctimas y acciones de prevención para que los adolescentes y jóvenes no entren a los grupos armados y delincuenciales.

Finalmente, el Defensor del Pueblo manifestó que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la nueva ruta de migrantes venezolanos que llegan a San Andrés con rumbo hacia Centroamérica y Estados Unidos, dado el riesgo de ser víctimas de trata de personas, entre otros delitos, por cuenta de las organizaciones criminales que tiene presencia en el archipiélago.